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La aplicación judicial de la Directiva 1999/70 sobre el trabajo de duración determinada ha tenido unos efectos extraordinarios en el empleo público en España. Su recepción ha planteado numerosos problemas sobre los límites de la equiparación entre los empleados públicos fijos y los temporales y los efectos del abuso en la contratación temporal. Las respuestas de la jurisdicción contencioso-administrativa y de la jurisdicción social no han sido coincidentes creando una situación de incertidumbre a la que ha contribuido la falta de una apropiada transposición de la Directiva por el legislador estatal y por los legisladores autonómicos
The judicial enforcement of the Directive 1999/70 on fixed-term work has involved extraordinary effects on public employment in Spain. However, its implementation has presented crucial problems regarding the limits to equal treatment of temporary and permanent public employees and the effects of the abuse arising from the use of successive fixed-term relationships. Judicial answers have been disparate within administrative and labour courts. Surprisingly, State and regional legislation have not yet clarified these issues in Spain
