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Enrique García Viñuela
Los partidos políticos se enfrentan a un dilema en la regulación del dinero político. Diversas pruebas indican que algunos partidos exigen contribuciones por los contratos y las ventajas especiales que conceden al sector privado. Sin embargo, en las reformas de la financiación política que aprueban tras los escándalos de financiación irregular, establecen límites estrictos a las donaciones políticas de las empresas para agradar a los votantes. Un modo de resolver esta aparente contradicción sin renunciar a su capacidad de monetizar el poder político es insertar en las leyes de reforma escapatorias y excepciones para eludir las restricciones formales impuestas a las donaciones a los partidos. Este artículo examina tres reformas sucesivas de la financiación política en España y encuentra en ellas disposiciones compatibles con esta lógica de preservación de ingresos.
Political parties face a dilemma in the regulation of political money. Evidence from different sources shows that some parties demand contributions for public works contracts and special advantages that they grant to the private sector. Yet in the political finance reforms enacted in the aftermath of funding scandals, parties impose strict limits on corporate donations to please voters. A way to unravel this apparent contradiction while protecting the ability to monetize political power is to insert in the party funding reforms a number of loopholes and exceptions to legally donate to parties by circumventing the restrictions set on political money. This paper examines three successive reforms of the Spanish party funding regime and finds that the three reform acts contain provisions consistent with this income-preserving logic.
