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El Estado colombiano se ha visto inmerso en múltiples casos de responsabilidad estatal por el uso de armas de fuego de dotación oficial con ocasión del conflicto armado interno. Estas situaciones se han visto reflejadas en casos especiales, como el de la masacre de Mapiripán vs. Colombia o la masacre de la Rochela, que fueron decididos en su momento por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dada la ausencia de garantías por parte del sistema judicial colombiano para promover y adelantar un proceso penal sin dilaciones justificadas que permitiera reconocer su responsabilidad, reparar integralmente a las víctimas y juzgar de manera ágil, oportuna y de fondo tanto a los autores y coautores de la comisión de la conducta punible como a los colaboradores e intervinientes de las actividades delictivas desplegadas para la consumación efectiva de estos hechos (Corte Interamericana de Derecho Humanos, 2014).La anterior situación ameritó la formulación de la siguiente pregunta de investigación en el marco de la responsabilidad estatal por uso de armas de fuego de dotación oficial cuando se atenta contra la población civil dentro del conflicto armado interno colombiano: ¿en qué casos opera el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por uso de armas de fuego de dotación oficial dentro del conflicto armado interno?, respecto de la cual se determinó su abordaje a partir de la siguiente estructura: 1) identificación de la responsabilidad del Estado colombiano en el conflicto armado interno, 2) análisis de la evolución del régimen de responsabilidad estatal por uso de armas de fuego de dotación oficial y 3) establecimiento de la responsabilidad del Estado colombiano por uso de armas de fuego de dotación oficial con ocasión del conflicto armado interno.El alcance de estudio de la presente investigación es analítico-explicativo, pero parte de un enfoque descriptivo que da a conocer las categorías básicas integradoras de la responsabilidad del Estado; de esta manera, el estudio pasa por los títulos de imputación jurídica que determinan su configuración en casos de uso de armas de fuego de dotación oficial, hasta llegar a la revelación del encuadre que sistematiza los casos de responsabilidad del Estado por uso de arma de fuego de dotación oficial con ocasión del conflicto armado interno, para finalmente llegar a la conclusión de que se debe revisar cada caso concreto para regular de forma clara y específica la resolución de conflictos que se promueven en la materia desde la jurisdicción contenciosa administrativa y la jurisdicción penal ordinaria.
The Colombian state has been involved in multiple cases of state responsibility for the use of firearms by armed forces during the internal armed conflict, such as the Mapiripán massacre or the La Rochela massacre vs. Colombia. These were prosecuted at the time by the Inter-American Court of Human Rights (IACHR), given the Colombian judicial system’s lack of guarantees to promote and conduct criminal proceedings without justified delays to attribute responsibility to it; provide full reparation to the victims; and try, in an expeditious, timely and substantive manner, perpetrators and co-perpetrators of the punishable conduct, as well as the collaborators and participants in the criminal activities carried out for the effective commission of these acts.This gave rise to the following research question, in the framework of state responsibility for the use of firearms when the civilian population is under attack within the Colombian internal armed conflict: When is the state held responsible for the use of firearms by armed forces within the internal armed conflict? To address it, we: 1) identified the Colombian state’s responsibility in the internal armed conflict; 2) analyzed the evolution of the state responsibility system for the use of firearms by armed forces; and 3) allocated responsibility to the Colombian state for the use of firearms during the internal armed conflict.This analytical-explanatory research is based on a descriptive approach that provides the basic categories comprising state responsibility. Thus, the study goes through the charges applicable to the use of firearms by armed forces and reveals the framework that systematizes the cases of state responsibility for the use of firearms due to the internal armed conflict. Finally, it is concluded that each case should be reviewed to regulate conflict resolution clearly and specifically from the contentious administrative jurisdiction and the ordinary criminal jurisdiction.
