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Víctor Mauricio González Vargas
El testimonio fue instaurado en nuestro ordenamiento jurídico como un deber legal y un medio de prueba consistente en la declaración que hace un tercero sobre hechos que interesan al proceso. Para su práctica judicial, el Código General del Proceso estableció una serie de requisitos que debe contener la petición de la prueba, los cuales, de no cumplirse, conllevan a su denegatoria. El objetivo de este artículo es justamente analizar cada uno de estos reque-rimientos y el porqué de su positivización, delimitando su estudio al decreto de la prueba en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Para el efecto, se tomaron como referencia distintos pronunciamientos académicos y jurisprudenciales, a partir de los cuales se concluye que los requisitos que establece la norma, para acceder a la declaración de terceros, no son una simple formalidad, sino que cumplen unos fines específicos dentro del trámite procesal, como son: lograr la identificación y localización del testigo; determinar la pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba, y garantizar el derecho de contradicción de la contraparte.
Declarations were introduced in our legal system as a legal duty and a means of evidence through a third party on facts that are of interest to the proceedings. For its judicial practice, the General Proceedings Code established a series of requirements that must contain a request for proof, which, if not complied with, the result is full denial. The purpose of this article is to analyze each of these requirements and the reason for its positivization, delimiting its study to the decree of the test in the Contentious-Administrative Jurisdiction. For such purpose, different academic and jurisprudential opinions were considered, and based on them it was concluded that the require-ments set forth in the rule, to access third parties declarations, are not just a mere formality, but they meet specific purposes within the proceedings, such as identifying and locating witnesses; determining the relevance, propriety, and usefulness of evidence, in addition to ensuring the right to contradiction of the counterparty.
