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Salamanca, España
La ejecución de sentencias contencioso-administrativas enfrenta fre-cuentemente la potestad jurisdiccional con la resistencia del ejecutivo, quien ocasionalmente cuenta con la complicidad del legislativo, ofre-ciendo un singular escenario de conflicto entre poderes del Estado, que se resuelve en favor de la primacía del derecho a la tutela judicial efectiva mediante instrumentos coactivos. Se han superado los clásicos refugios de la resistencia de la adminis-tración frente a la cosa juzgada, como fueron la inembargabilidad patrimonial, la discrecionalidad administrativa o los imperativos de legalidad presupuestaria. Sin embargo, subsiste la tendencia de la ad-ministración condenada por sentencia firme a oponer la legalización sobrevenida, a demorarse en pagar o realizar prestaciones, o incluso a escudarse en terceros de buena fe. Tales escenarios han sido resuel-tos por ingeniosas soluciones procedentes de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo cuando lo deseable sería que la ejecución de sentencias se realizase de forma puntual y exacta bajo elementales imperativos de lealtad institucional.Estamos ante supuestos en que la confianza depositada por la Consti-tución en el elemental respeto por los poderes públicos de las respecti-vas competencias, se ve defraudada por algunas autoridades públicas que luchan por sus propios intereses, escudados en coartadas jurídicas que no son razonables ni legítimas en un Estado de derecho que alza la división y colaboración de poderes en pilar fundamental.
Enforcing judicial rulings against the Executive usually confronts judicial power with executive opposition, the latter occasionally with legislative complicity, offer-ing a unique stage of conflict between Powers, resolved in favor of effective legal protection by using coercive tools.Inmunity of seizure, administrative discretion or budgetary compliance, all of them traditional bulwarks of administrative resistence against final judicial opinions, have been overcome. Even then, the executive inclination to call upon later legalizations, delays in payment or in performing duties, even using other people ́s good faith as a shield, still remain. Supreme Court has solved that problems with ingenious solutions, but due enforcement of judicial rulings on time should be desirable as imperative of institutional loyalty.We face situations where the Constitution’s trust in how public institutions fundamentally share power is betrayed by some officials. Those, fighting their own corner, do so in a way that is quintessentially opposed to the Constitution’s fundamental pillar of separation (and collaboration) of powers.
