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José María Porras Ramírez 
Es bien conocido que el Parlamento Europeo carece del poder de iniciar el procedimiento legislativo ordinario, presentando propuestas para su tramitación y discusión, al ser ésta una competencia que la Comisión retiene formalmente. A pesar de ello, el Parlamento Europeo ha tratado de sortear esos obstáculos, introduciendo sus propuestas en la planificación legislativa y en la propia agenda legislativa de la Comisión, para lo que se ha servido de su considerable capacidad para ejercer influencia política en la determinación del Programa de Trabajo de aquélla. Tal hecho, unido a su destacado protagonismo y peso político en las distintas fases de negociación de tales propuestas, ha permitido la adopción final de actos legislativos especialmente trascendentes, los cuales se han originado o deben, de manera determinante, su coautoría, a la Eurocámara. No en vano, la Comisión se ve obligada a alcanzar acuerdos interinstitucionales, y dada, además, su estrecha dependencia política del Parlamento, se ha de comprometer a tener en cuenta las prioridades legislativas que éste le traslade. De ese modo, más que una devaluación del principio de equilibrio institucional, la nueva situación ha de ser valorada muy favorablemente, ya que profundiza en la relación fiduciaria establecida entre ambas instituciones y refuerza, a la postre, la significación alcanzada por el principio democrático.
As it is well known, the EP lacks the power to initiate the ordinary legislative procedure by submitting a proposal for discussion, as this is a competence that the Commission formally maintains, as a general rule. Notwithstanding, the EP has seek to introduce its proposals within the legislative planning and agenda-setting process as it has been recognized a relevant capacity to politically influence the determination of the CWP. This has caused the adoption of some relevant legislative proposals which are originated in the EP. In addition, the Commission, with a view to achieving inter-institutional agreements, has committed itself to take into account the legislative priorities expressed by the EP. Thus, more than a devaluation of the principle of institutional balance, the new situation, should be valued very favourably, since it deepens the fiduciary relationship established between both Institutions and reinforces, in the end, the significance achieved by the democratic principle in the political governance of the European Union.
