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Madrid, España
La forma en que la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha comenzado a aplicar el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada (Directiva 1999/70/CE, de 28 de junio de 1999), tanto a los funcionarios interinos como al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, pone de manifiesto que los órganos judiciales y, sobre todo, el Tribunal Supremo, deberían hacer un uso más intenso de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No hacerlo puede dar lugar, tal como se analiza en el presente trabajo, a una grave quiebra de la seguridad jurídica. Todo ello sin olvidar que la utilización de la cuestión también posibilita una mejor garantía del Derecho Nacional, al facilitar que el propio Tribunal de Justicia de la Unión pueda revisar su doctrina.
The way the Third Chamber of the Supreme Court has started to apply the Framework Agreement on fixed-term work (Directive 1999/70/EC, of june 28, 1999), both to interim officials as well as to the laboral staff serving in the Public Administrations, shows that the judicial authorities and, above all, the Supreme Court, should make a more intensive use of the preliminary ruling before the Court of Justice of the European Union. Not doing it may result, as analyzed in the present work, in a serious breach of legal certainty. All this without forgetting, that the use of the question also makes possible a better guarantee of the National Law, by facilitating that the Court of Justice of the Union itself reviews its doctrine.
