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Este trabajo argumenta que el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) es una contribución al respeto del derecho internacional y a la paz entre los pueblos. Partiendo de que el derecho internacional público es un derecho “imperfecto” debido, fundamentalmente, a la falta de un poder ejecutivo centralizado, se considera que en gran medida la responsabilidad de hacer respetar este derecho recae sobre los Estados miembros de la comunidad internacional, con la dificultad añadida de que algunos pueden vetar ciertas actuaciones, lo que anima a sus protegidos a persistir en la violación del derecho. A continuación, se considera la situación jurídica del caso del Sahara Occidental, conflicto donde el derecho a la autodeterminación y a la independencia del pueblo saharaui está claramente definido, y cuáles son las circunstancias que rodean la fundación de la RASD y su legitimidad. Ahora bien, ante la demostrada inacción de los órganos centrales de la comunidad internacional que no quieren, o pueden, hacer cumplir universalmente ese derecho, se pone de relieve la responsabilidad de los Estados miembros de dicha comunidad en esa tarea. Esto ocurre especialmente en el caso de Colombia y los Estados americanos que han ratificado la Convención de Montevideo, en los que esa responsabilidad queda más clara. La actuación de cada Estado en el cumplimiento del derecho internacional es una contribución al respeto del mismo, y a la solución pacífica de las controversias, por lo que se considera que el reconocimiento de la RASD es una aportación al derecho y a la paz.
This paper argues that the recognition of the Sahrawi Arab Democratic Republic (SADR) constitutes a contribution to respecting International Law and peace among peoples. We start from the idea that given that Public International Law is an “imperfect” law due to its lack of a centralized executive power, its enforcement depends in large measure on the responsibility of member states of the international community. Then, this study considers both the legal status of the Western Sahara –a conflict where the right to self-determination and independence is clearly defined– and the circumstances surrounding the foundation of the SADR and its legitimacy. Because of the inaction of the central bodies of the international community that do not want, or cannot, enforce this right, it is necessary to highlight the responsibility of the member states of the international community to fulfil this task. That is the particular case of Colombia and the American states, which have ratified the Montevideo Convention where this responsibility is clearly shown. The actions of every State to fulfil International Law are a contribution to its respect and to the pacific resolution of controversies, so that the recognition of the SADR is a contribution to law and peace.
