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Carmen María Ávila Rodríguez 
Desde el año 2013 diversas comunidades autónomas (Cantabria, La Rioja, Navarra y Cataluña) han aprobado leyes que regulan la prohibición expresa del uso de la técnica de la fracturación hidráulica en sus territorios basándose en las competencias de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda; protección del medio ambiente y de los ecosistemas; sanidad e higiene, promoción, prevención y restauración de la salud; industria, y régimen minero y energético. El Tribunal Constitucional ha sido rotundo en el control de esas leyes al afirmar que la prohibición que establecen contraviene de manera radical e insalvable la legislación básica de régimen minero y energético en virtud del art. 149.1, 25º de la CE. Asentada esta jurisprudencia, el País Vasco, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia han aprobado, en 2015, 2017 y 2018 respectivamente, leyes que incorporan a su ordenamiento jurídico medidas adicionales de protección, una para el medio ambiente y otras para la salud, que limitan el uso de la fracturación hidráulica. Estas leyes respetan el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas a la luz de la reciente jurisprudencia constitucional.
Since 2013, several Autonomous Communities (Cantabria, La Rioja, Navarra and Catalonia) have passed laws that regulate the express prohibition of fracking in their territories. This prohibition is based in autonomy competences over town and country planning and housing; environmental protection management; health and hygiene and organisation of mining and energy. The Constitutional Court has affirmed that this prohibition is contrary to the distribution of competences between the State and the Autonomous Communities. In 2015 and 2017 Pais Vasco, Castilla- La Mancha y Región de Murcia have approved laws that incorporate additional legal protection techniques on the environment and health, which limit the use of fracking. All laws respect the distribution of powers between the State and the Autonomous Communities according to recent constitutional jurisprudence.
