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Belén del Mar López Insua
En los últimos años, la falta de responsabilidad social de la empresa y de establecimiento de unas garantías mínimas reforzadas frente a las limitaciones a la capacidad profesional, están propiciando un aumento del número de despidos por razón de enfermedad. De ahí que la jurisprudencia deba estar interpretando ampliamente y caso por caso, los distintos conflictos que se plantean. La cuestión litigiosa gira en torno a los conceptos de "discapacidad" y "enfermedad", sobre los cuales se han de aplicar las correctas medidas de readaptación al puesto para así garantizar el derecho al trabajo y al empleo, en igualdad de condiciones, de todos los trabajadores. Son varias las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que afirman la nulidad del despido del trabajador, a la luz de la Directiva 2000/78/CE, cuando se trata de una enfermedad de larga duración y de pronóstico incierto (asuntos C-13/05, Chacón Navas; C-335/11 y C-337/11, Ring; C-345/15, Daouidi; y, C-270/16, Ruiz Conejero). En esta senda de garantía y tutela antidiscriminatoria por razón de discapacidad se sitúa, ahora y de manera pionera, la sentencia del Tribunal de Justicia de Cantabria de 18 de enero de 2019.
In recent years, the lack of social responsibility and the introduction of minimum guarantees for occupational capacity constraints are leading to an increase in the number of redundancies due to illness. Hence, jurisprudence should be interpreting widely, case by case, the different conflicts that arise. The contentious issue revolves around the concepts of "disability" and "illness", on which the correct measures of readaptation to the post are to be applied in order to guarantee the right to work and employment, on an equal footing with all workers. Several judgments of the Court of Justice of the European Union state that the dismissal of the worker is null and void in the light of Directive 2000/78/EC in the case of a long term illness and an uncertain prognosis (Cases C-13/05, Chacón Navas; C-335/11 and C-337/11, Ring; C-345/15, Daouidi; and, C-270/16, Ruiz Conejero). The decision of the Cantabrian Court of Justice of 18 January 2019 is now a pioneering step on the path of guaranteeing and safeguarding against discrimination on grounds of disability.
