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Se analiza en el presente trabajo la STS de 5 de junio de 2019 que ha redefinido el alcance de la acción directa en materia de seguro cuando el asegurado es la Administración Pública y la responsabilidad patrimonial en que pueda incurrir la misma como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
La sentencia analiza los límites de la jurisdicción civil y de la jurisdicción contencioso-administrativa y el respectivo papel que se atribuye a cada una de ellas en las relaciones y obligaciones que pueden nacer como consecuencia de la existencia de una situación de responsabilidad patrimonial
