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RESUMEN. El texto se centra en la necesidad de desarrollar normas internacionales vinculantes que aseguren el respeto por parte de las empresas transnacionales respecto de los derechos humanos, que pongan fin a la impunidad de estos actores económicos, así como para garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y la reparación de las violaciones. Al analizar el caso de Chevron, el texto refleja que, si bien existen diferentes iniciativas a nivel internacional destinadas a alentar a las empresas transnacionales a comportarse de manera respetuosa con los derechos humanos, estas iniciativas siguen siendo insuficientes, ya sea por su falta de obligatoriedad o por su carácter parcial, dado que siguen dependiendo de la voluntad de estos actores económicos transnacionales. El caso Chevron y los laudos recaídos a lo largo del proceso arbitral de la empresa contra la República del Ecuador, muestran una paradoja alarmante: ciertos derechos, como el acceso a la justicia, diseñados para proteger los derechos humanos en su conjunto se están utilizando para salvaguardar los beneficios de determinadas empresas trasnacionales. Este caso, junto con muchos otros crímenes corporativos, apoya la idea de que el proceso de la Resolución 26/9, el llamado Binding Treaty, es actualmente el único que puede garantizar el acceso a la justicia y los recursos para las víctimas.
ABSTRACT. The text is focus on the need to develop internationally binding standards on transnational corporations and human rights in order to bring their impunity to an end, as well as ensuring access to justice for the victims and the reparation of the consequences. By analysing the Chevron case, the text reflects that although there are different initiatives at international level aimed at encouraging transnational companies to behave respectfully, these initiatives continue to be insufficient, either because of their lack of obligation or because of their partial nature, dependent on the voluntariness of these transnational economic actors. The Chevron case and the arbitration awards adopted during the arbitration proceedings against the Republic of Ecuador show an alarming paradox: certain rights, such as access to justice, designed to protect human rights as a whole, are being used to full effect to safeguard the profits of economic entities. This case, together with many other crimes, supports the idea that the process of Resolution 26/9, the so called Binding Treaty, is currently the only one potentially capable of ensuring the access to justice and remedies to victims.
