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Los principios rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos (PR) marcaron el final de un largo camino hacia la regulación de la conducta de las corporaciones en relación con esta materia. No obstante, los mismos fueron concebidos únicamente como un punto focal tendiente a orientar las gobernanzas pública, corporativa y civil hacia el respeto y protección de los derechos humanos. Por ello, los PR constituyen una plataforma común sobre la cual nuevas reglas y estrategias de regulación deben desarrollarse. En este sentido, como un elemento de la gobernanza pública, México adoptó la responsabilidad penal de las empresas (RPE), la cual entró en vigor en 2016, junto con el sistema acusatorio de justicia penal. En este sentido, si uno de los fines del derecho penal es la protección subsidiaria de bienes jurídicos —en la mayoría de los cuales subyace un derecho fundamental—, el propósito de este artículo es determinar si la adopción en México de la RPE constituye un avance en la implementación de los PR, y en su caso, evaluar cuáles son sus alcances y limitaciones. Después de escrutar los PR a la luz de la regulación de la RPE, el autor sostiene que, aunque existen diversas maneras de optimizar su contribución, la RPE desempeña una función esencial en el campo de las empresas y los derechos humanos, no solo por sus aportaciones directas, sino también por las relaciones de refuerzo que entabla con las gobernanzas corporativa y civil.
The UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) marked the end of a long journey towards regulating corporate conduct on this issue. However, they were conceived only as a focal point to guide public, corporate and civil governance towards the respect and protection of human rights. For this reason, the UNGP function as a common platform on which new rules and strategies should be developed. In this sense, as an element of public governance, Mexico adopted the criminal liability of corporations (CLC), which entered into force in 2016, along with the accusatory criminal justice system. Thus, since one of the purposes of criminal law is the subsidiary protection of legal assets —most of which have an underlying fundamental right—, the purpose of this article is to determine whether or not Mexico’s adoption of the CLC enhances the implementation of the UNGP, and if so, to evaluate its scope and limitations. After scrutinizing the UNGP in light of the regulation of the CLC in Mexico, the author argues that, although its performance can be optimized in many ways, the CLC plays an essential role in the area of business and human rights, not only for its direct contributions, but also for the interaction it generates with corporate and civil governance.
