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María Luisa Muñoz Paredes
RESUMEN:
La Ley de Contrato de Seguro (arts. 73-76) deja un amplísimo margen a la autonomía de la voluntad para fijar las condiciones de un contrato de seguro de responsabilidad civil de carácter voluntario, por lo que a la hora de valorar si una previsión contenida en las condiciones generales es o no delimitadora del riesgo, limitativa o incluso lesiva, hay que estar al contenido más usual del tipo de seguro que se trate. Pero esta labor comparativa sólo puede hacerse si previamente se ha identificado correctamente la modalidad de seguro contratada. Y, como puede observarse a través de este caso, con dos sentencias de instancia concordantes, revocadas luego por el Tribunal Supremo, no siempre es tarea fácil, cuando se trata de seguros que cubren riesgos empresariales, pues a través de una misma póliza suelen cubrirse varios tipos de responsabilidad civil de forma complementaria. El problema se planteó en este caso en relación con una cláusula excluyente de la cobertura de la responsabilidad contractual en un seguro de responsabilidad civil de explotación, que no se entendió oponible al tercero que ejercitaba la acción directa (ex art. 76 LCS) por las dos sentencias de instancia, estimando que desnaturalizaba el seguro y, en cambio, fue calificada como simplemente delimitadora del riesgo por el Tribunal Supremo, liberando de responsabilidad de todo pago a la aseguradora demandada.
The Spanish Insurance Contract Law (art. 73-76) leaves a wide margin for the parties to determine the conditions of a voluntary liability insurance. When assessing whether a contract provision merely delimits the risk, or “limits” the risk assumed by the insurer, or is even unfair, it is necessary to take into account the most usual content of this type of contracts. To do so, it is necessary to correctly construct the contract, and it is not always an easy task. In this case, the Spanish Supreme Court first two courts overturned the decision taken by the first two courts. Insurance contracts tackle business liability through the insurance of different types of liability. In this context, a provision of the contested contract ruled out the coverage of contractual liability. The first two courts ruled that this provision made the contract meaningless and therefore was not binding for third parties. However, the Spanish Supreme Court said that it merely defined the risk assumed by the insurer, so it was valid and the lawsuit against the insurer was dismissed.
