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En octubre de 2017, la Comisión abrió un procedimiento de infracción contra España mediante el envío de una carta de emplazamiento, seguida de un dictamen motivado en marzo de 2018. Posteriormente, el 7 de marzo de 2019 decidió y llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Directiva relativa a la eficiencia energética (Directiva 2012/27/UE) en relación con los contadores individuales de consumo en los edificios de apartamentos y edificios polivalentes.
