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Fernando Martín-Consuegra Ávila, Agustín Hernández Aja 
, Ignacio de Oteiza San José , Carmen Alonso Ruiz de Rivas
Se desarrolla una metodología que permite la localización de áreas urbanas que se encuentran en situación de pobreza energética. Para ello es necesario analizar datos geolocalizados de la relación entre los ingresos medios por hogar y los consumos energéticos residenciales para cada área urbana. La metodología se aplica al caso de la ciudad de Madrid (España). En el proceso de estimación del coste de los servicios energéticos por hogar se desentrama el peso que juegan los distintos factores que influyen en el mismo: la calidad de la construcción, las instalaciones térmicas más utilizadas, los tipos de suministro de energía empleados para satisfacer las necesidades del hogar y la estructura tarifaria del sector energético español. Se concluye que la interacción de estos factores provoca que los hogares incluidos en los tramos de renta mínima estén en riesgo de pobreza energética de manera independiente de la eficiencia energética de la vivienda que ocupan. Esto apunta a la necesidad de desarrollar políticas públicas específicas para combatir la pobreza energética de manera complementaria a los planes para la rehabilitación energética de viviendas.
methodology that allows the localization of urban areas that are suffering from fuel poverty is developed. Average incomes per household and residential energy consumption for each urban area are analyzed with a Geographical Information System. This methodology is applied to a case study: the city of Madrid (Spain). By estimating the cost of energy services per household, the weight of the different factors influencing the energy services is uncovered: quality of construction, thermal facilities, energy sources supply and billing structure used by Spanish energy sector. It is concluded that the interaction of these factors causes households included in the minimum income brackets to be at risk of energy poverty independently of the energy efficiency of housing. This means that specific public policies to combat energy poverty are needed, in order to complement energy refurbishment plans.
