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Daniel Iglesias Márquez
Los avances en la ciencia del cambio climático han permitido identificar y cuantificar de manera cada vez más precisa en qué medida los impactos climáticos a los que contribuyen determinadas empresas afectan las condiciones necesarias para el disfrute de los derechos humanos. Esto implica que un determinado grupo de empresas (Carbon Majors) se está convirtiendo en el objeto de diversas estrategias de litigación climática ante instancias judiciales y extrajudiciales, con el fin de que asuman los costes de prevención y adaptación, así como para hacer efectiva su responsabilidad por las vulneraciones de derechos humanos causadas por sus impactos climáticos. El presente artículo analiza, desde la perspectiva de empresas y derechos humanos, la viabilidad de interponer acciones en contra de las empresas ante los tribunales de los Estados de origen por su contribución a los impactos climáticos verificados en terceros Estados. En este sentido, se argumenta que este tipo casos en particular no solo tiene el potencial de influir en las acciones climáticas de las principales empresas emisoras de gases de efecto invernadero, sino también en la actividad regulatoria de los Estados, especialmente del Norte Global.
The progress in the science of climate change have made it possible to identify and quantify in detail the extent to which the contribution of certain corporations to climate impacts affects the necessary conditions for the enjoyment of human rights. This implies that a specific group of corporations is becoming the target of various strategies of climate litigation before judicial and non-judicial mechanisms, in order to bear the cost of prevention and mitigation measures as well as to hold accountable for human rights violations associated with their climate impacts. This paper analyses, from a business and human rights perspective, the feasibility to file legal actions against corporations in their home States for their contribution to climate impacts in third States. In this regard, it argues that these particular kind of cases not only have the potential to influence in the climate actions of the major private greenhouse gas emitters, but also in the States’ regulatory activity, especially those in the Global North.
