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Soraya Rodríguez Losada
La batalla entre las compañías operadoras de telefonía móvil y las entidades locales en relación con el pago de la comúnmente conocida como tasa de la telefonía móvil ha llegado a su fin. Después de dos pronunciamientos, el TJUE ha declarado que la mencionada tasa, tal y como había sido regulada por la mayoría de las entidades locales, es incompatible con el Derecho de la Unión. El primero de los fallos ha sido la sentencia de 12 de julio de 2012 (asunto Vodafone); y el segundo y definitivo, el auto de 30 de enero de 2014. Esta doctrina ha sido acogida por el Tribunal Supremo español.
Ahora bien, el Alto Tribunal ha dado un paso más pronunciándose sobre la cuantificación del mencionado tributo en las respectivas ordenanzas fiscales municipales.
Siendo esta la postura de los tribunales y vistas las consecuencias para las arcas municipales, cabe plantearse si, de ahora en adelante, las entidades locales apostarán por nuevas vías –quizás impositivas- para la obtención de recursos.
The battle against mobile operators and the local entities has come to an end. The ECJ stated that the local fee for the private use, or the special right of use, of municipal public land in order to provide utility services by mobile operators is not compatible with the EU Law. The first of the judgments was the sentence of 12th July 2012 (Vodafone); the second one, the order of 30th January 2014. This doctrine has been assumed by the Spanish Supreme Court. However, the High Court went one step further referring to the quantification of this fee as it was regulated in the tax ordinances.
Seeing the consequences of these judgments for the local government coffers, the question that arises is if, from now on, the local entities are going to increase other taxes to raise their resources
