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Venancio Gutiérrez Colomina 
La mejora conseguida en la ejecución de las Sentencias contencioso-administrativa tiene una excepción, la ejecución de las sentencias de demolición de edificaciones ilegales. Su origen radica en algunos defectos en las legislaciones urbanísticas, y a la falta de la suficiente voluntad política municipal y autonómica, a los graves trastornos originados por la nulidad de los planes urbanísticos, consecuencia de su carácter normativo y de los efectos negativos de la impugnación indirecta y de la acción pública, estudiando para su solución una parte de la doctrina, jurisprudencia y derecho comparado; y al desequilibrio entre la obligación legal, el cumplimiento efectivo del derecho a la vivienda y a una jurisprudencia española y europea protectora de la vivienda como domicilio residencial.
Las reformas del Código Penal y, especialmente, del art.108.3 de la LJCA han dado lugar a una jurisprudencia del TS que ha concluido que no hay nuevos obstáculos para la ejecución, no se precisa resolución previa de un procedimiento de responsabilidad patrimonial y una delimitación adecuada de los terceros de buena fe. La jurisprudencia ha realizado una interpretación restrictiva de la imposibilidad legal y material del cumplimiento de las sentencias.
The improvement achieved in the execution of the contentious-administrative judgments has an exception, the execution of the sentences of demolition of illegal buildings. Its origin lies in some defects in the urban legislations and to the lack of the municipal and regional political will enough; the serious disorders caused by the nullity of the urban plans, as a result of their normative nature and the negative effects of the indirect challenge and public action, studying for its solution a part of the doctrine, jurisprudence and comparative law; and the imbalance between the legal obligation and the effective accomplishment of the right to housing and a Spanish and European jurisprudence that protects housing as a residential domicile.
The reforms of the Penal Code and, especially, of art.108.3 of the LJCA have led to a jurisprudence of the TS that has concluded that there are no new obstacles to the execution, it is not necessary to previously resolve a patrimonial responsibility procedure and a delimitation appropriate from third parties in good faith. The jurisprudence has made a restrictive interpretation of the legal and material impossibility of compliance with the judgments.
