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La respuesta que algunas potencias occidentales han dado a los actos de terrorismo radical que se han perpetrado en distintas latitudes del planeta a lo largo de estos últimos quince años, empleando una lógica simétrica a la de los propios terroristas en detrimento de lo que nos define como civilización, ha despertado la preocupación de la inmensa mayoría de Estados miembros de la comunidad internacional, de la opinión pública, así como de numerosas organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales. El objeto del presente trabajo es el de analizar los límites específicos que el Estado de Derecho en conexión con la protección de los derechos humanos y el respeto de la legalidad internacional impone a la legítima reacción de los Estados frente a la amenaza global que supone el terrorismo radical.
