La expropiación por urgencia, pese a superar el medio siglo de vigencia, sigue siendo una técnica utilizada de forma abusiva por las administraciones y fuente de infinidad de contiendas sobre presupuestos de tal urgencia, necesidad real de ocupación, trámites incumplidos y justiprecios cicateros. La seguridad jurídica impone clarificar criterios jurisprudenciales y normalizar su uso.