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Madrid, España
Partiendo de la premisa de que el denominado «Estado del mercado» estaría legitimado para gravar una porción de las rentas que empresas digitales realizan en su territorio (premisa que puede no ser compartida), plantearemos dos preguntas fundamentales a lo largo de este artículo.
En primer lugar, barajaremos la posibilidad de mantener el concepto de EP en su forma actual, pero reinterpretándolo en un sentido distinto al habitual (apartado 2) En este contexto, analizaremos críticamente una reciente propuesta sugerida por Brauner y Pistone.
En segundo lugar, y al hilo de las conclusiones a las que llegaremos en el apartado previo, analizaremos la necesidad de introducir enmiendas en la cláusula para así poder dar cabida a esta nueva realidad empresarial. En este contexto, y con el fin fundamental de contribuir al debate de propuestas, realizaremos un análisis comparado de aquellas planteadas por la OCDE y la Comisión Europea, repasando de manera paralela los aspectos más relevantes de su configuración y valorando la posición adoptada por cada uno de estos organismos (apartado 3).
Por último, formularemos unas conclusiones finales (apartado 4).
Palabras clave: establecimiento permanente, economía digital, convenios para evitar la doble imposición, presencia digital significativa, presencia económica significativa, OCDE, Comisión Europea.
Departing from the premise that the so-called «Market State» would be legitimized to tax a portion of the business profits derived from digital enterprises within its territory (a premise that may not be shared), we will subsequently explore two scenarios.
Firstly, we will assess the possibility of keeping the PE concept in its current shape but (re)interpreting it in a sense distinct to the usual one (section 2). In this context, we will critically analyze the recent proposal put forward by Brauner and Pistone in this regard.
Secondly, and following the conclusions reached in the previous section, we will explore the need to introduce amendments in the clause to better adapt it to this new economic reality. In this context, we will make a comparative analysis of the proposals suggested by the OECD and the European Commission, examining the most relevant aspects of their configuration in parallel and assessing the position adopted by each one of these organizations (section 3).
Lastly, some conclusions will be drawn (section 4).
