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Vigo, España
La transposición de las Directivas de Recursos a nuestro régimen nacional ha permitido que el legislador español en ejercicio del principio de autonomía procesal optase por configurar un nuevo recurso administrativo, el recurso especial en materia de contratación pública (REC), sobre una legitimación más amplia que la de mínimos establecida por la normativa comunitaria. Tras seis años de funcionamiento en nuestro derecho, la legitimación como pieza esencial de este nuevo mecanismo de control ha suscitado toda una serie de dificultades interpretativas en la práctica. Ante esta problemática hermenéutica en la articulación procesal y de fondo del REC, se ha hecho necesario que los nuevos tribunales administrativos hayan ido resolviendo sobre la existencia de una ventaja o perjuicio con cada pretensión que se interpone para apreciar la legitimación del recurrente. La tarea jurisdiccional ha ido paulatinamente depurando esta cuestión, cargada de excepciones y de matices a dilucidar en cada caso concreto.
Teniendo en cuenta este estado de la cuestión, nuestro abordaje pretende exponer y analizar los criterios interpretativos adoptados a fin de aportar claridad y predictibilidad en la interposición del REC bajo la perspectiva del efecto útil de las directivas en las que trae causa
Transposition of the Remedies Directives into national law has enabled Spanish legislature, to set a new administrative remedy, the special remedy in public procurement (SRC) under the principle of procedural autonomy of the Member States, for a broader formulation than the minimum established by the European regulation.
After six years of operation/implementation under our law, the legitimation as an essential element of this new mechanism of control has raised a lot of interpretative difficulties in practice. Faced with this hermeneutic problem on procedural and substantive nature of SRC, the new administrative courts have become necessary to gradually solve on the existence of advantage or injury, when the claim is presented to assess the legitimation. The jurisdictional task has gradually refined this issue, which is full of exceptions and nuances that have to be clarified case-by-case. In view of this state of the issue, our approach aims to exposure and analyze the interpretative criteria adopted in order to provide clarity and predictability on the legitimation of SRC, under the perspective of the practical effectiveness of those directives
