El instrumento central de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, es la instauración del derecho a los servicios sociales, constituido como un derecho subjetivo y universal de la ciudadanía. La ley configura un sistema integrado por servicios públicos, concertados o contratados para la atención social en los ámbitos de la discapacidad, dependencia, infancia y familia, inmigración u otras situaciones de vulnerabilidad.