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Sergio Vaquero Martínez
El presente artículo analiza la relación entre las políticas de orden público y el incremento de la violencia política que tuvo lugar en España entre febrero y julio de1936. El restablecimiento inicial de una política reformista y menos represiva paradójicamente estimuló el desarrollo de cuatro catalizadores de la violencia: la deslegitimación gubernamental, la politización de la administración del orden público, la desautorización de los cuerpos policiales y la privatización del uso político de la fuerza. A partir de mayo, el Gobierno Casares intentó solucionar el problema intensificando la persecución del terrorismo falangista, desacelerando la republicanización de la Policía, restableciendo el principio de autoridad y recuperando el control de los resortes de orden público. Sin embargo, aunque estas medidas redujeron significativamente el número de víctimas mortales, la violencia política siguió siendo considerablemente elevada, los militares continuaron conspirando y el Estado no recuperó el monopolio de la coerción letal. Este periodo concluyó con el asesinato de Calvo Sotelo y la sublevación militar, que fue respaldada por al menos la mitad de las fuerzas policiales como una reacción no solo contra la grave situación del orden público, sino también contra unas políticas democratizadoras que habían socavado su autoridad y resquebrajado el monopolio estatal del ejercicio de la violencia.
This article analyses the relationship between public order policies and the increase of political violence that took place in Spain between February and July 1936. The reestablishment of a reformist and less repressive policy paradoxically stimulated the development of four causal factors of violence: government delegitimisation, politicisation of the public order administration, de-authorisation of police forces, and privatisation of the political use of force. Since May, the Casares Government tried to solve the problem by intensifying the persecution of Falangist terrorism, decelerating the republicanisation of the police, reestablishing the principle of authority, and recovering the control of public order resources. Nevertheless, although these measures significantly reduced the number of mortal victims, the political violence remained considerably high, the military went on conspiring, and the State did not recover the monopoly of lethal coercion. This period concluded with Calvo Sotelo’s murder and the military rebellion, which was supported at least by half of the police forces as a reaction not only against the dangerous situation of public order, but also against the democratising policies that had undermined their authority and the state monopoly of the use of violence.
