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Los cambios drásticos en el régimen de promoción de las energías renovables introducidos por España desde 2007 hasta su eliminación en 2013, ha generado una de las sagas más prolíficas en el arbitraje de inversión contemporáneo. La jurisprudencia arbitral más reciente en el contexto de esta saga permite concluir que España tiene difícil defender su actuación ante los tribunales arbitrales para no tener que pagar una compensación a los inversores extranjeros, pues el estándar elegido para decretar la infracción del trato justo y equitativo en los últimos litigios se centra no tanto en el impacto económico sufrido por el inversor extranjero, sino en la inestabilidad del marco regulatorio español, lo que puede tener una gran trascendencia en los arbitrajes que todavía están pendientes contra España por las mismas medidas. No obstante, la aplicación del precedente judicial en el caso Achmea a la cláusula de arbitraje del Tratado sobre la Carta de la Energía, así como la insistencia de la Comisión Europea en la primacía del Derecho de la Unión sobre dicha cláusula, deja abierta una vía de escape para España, que podría impedir la ejecución de los laudos, al menos los dictados extramuros del CIADI.
The drastic changes in the promotion scheme of renewable energies, introduced by Spain from 2007 until its elimination in 2013, have generated one of the most prolific sagas in contemporary investment arbitration. The most recent arbitral jurisprudence in the context of this saga allows us to conclude that it will be difficult for Spain to defend its actions before the arbitral tribunals to avoid having to pay compensation to foreign investors, because the standard chosen to declare the infringement of fair and equitable treatment in recent litigation focuses, not so much on the economic impact suffered by the foreign investor, but in the instability of the Spanish regulatory framework, which can have a great importance in the arbitrations that are still pending against Spain for the same measures. However, the application of the judicial precedent in the Achmea case to the arbitration clause of the Energy Charter Treaty, as well as the insistence of the European Commission on the primacy of EU law over this clause, leaves open a path for Spain, which could prevent the enforcement of the awards, at least those issued outside the ICSID.
