La Sentencia del Tribunal constitucional de 17 de agosto de 2018, como ya hizo la de 22 de octubre de 2015, declara vulnerado el derecho fundamental a la libertad personal por la ausencia de habilitación legal para acordar el internamiento cautelar, mientras la sentencia no es firme, en un centro psiquiátrico penitenciario de un acusado que fue absuelto por apreciarse una eximente por trastorno mental.