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El aumento de la preocupación por la incidencia del actuar humano en el medio ambiente es innegable. En este sentido, es determinante la importancia del papel que pueda desempeñar el sistema financiero, como encargado de la canalización de los recursos hacia las inversiones ambientalmente sostenibles. Dentro de este sector financiero la banca tendrá, en particular, un rol central en lo que a la implementación del desarrollo sostenible se refiere, tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo. En cualquier caso, en la práctica, se ha observado como las entidades de crédito no estarían llevando a cabo, de forma generalizada, prácticas financieras sostenibles. Para poner fin a esta situación, y lograr la introducción de criterios de sostenibilidad ambiental en los procesos de toma de decisiones de financiación, las políticas a implementar serían de lo más diverso, identificándose distintos grados de intensidad de la intervención pública sobre la libertad de las entidades de crédito (elaboración de un marco homogéneo de clasificación de actividades, obligaciones de remisión de información, medición de los riesgos, realización pruebas de resistencia, imposición de limitaciones a las exposiciones en actividades no sostenibles o requisitos prudenciales específicos). Sean cuales fueren las alternativas regulatorias escogidas, y para su elección, deberá llevarse a cabo una cuidadosa ponderación de los bienes en conflicto, respetando la naturaleza del modelo prudencial vigente, centrado en el riesgo, y evitando incidencias en la credibilidad de un sistema basado en la confianza y, por tanto, muy sensible al cambio.
Nowadays, there is an undeniable growing concern about the impact of human activities on the environment. In this sense, the financial system can play a crucial role as responsible for the channeling of resources towards sustainable investments. Within the financial sector, banking institutions have, in particular, a central role in the implementation of sustainable development, from both a quantitative and qualitative point of view. Nevertheless, in practice, it has been observed that credit institutions are not conducting generalized sustainable practices. In order to change this situation, achieving the introduction of environmental criteria in the financial decision-making processes, there are diverse policies that could be enforced and which would involve different degrees of public intervention in the freedom of credit institutions (build up an activity classification framework, impose reporting obligations, measure environmental risks, conduct stress test, set limits to large exposures in non-sustainable activities or specific prudential requirements). Whatever the regulatory option was, a careful weighing of public and private interests involved must be carried out. This judgment should respect the nature of the prudential model in force, which is risk-based, and should avoid impacts on the credibility of a trust-based system, which is, therefore, very sensitive to changes.
