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El impuesto sobre grandes establecimientos comerciales fue aprobado por seis Comunidades Autónomas, siendo Cataluña la primera, en el año 2000. Desde entonces ha vivido en una constante polémica que comenzó con las dudas sobre su constitucionalidad. En los últimos años, las dudas han venido del Derecho comunitario, en concreto acerca de la posible infracción del derecho a la libertad de establecimiento y del régimen de ayudas de estado. En este artículo se hace un análisis de este impuesto ambiental, confrontándolo con el Derecho de la Unión Europea y examinando las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de abril de 2018 que, con carácter general, han validado el impuesto.
The tax on large retail establishments was adopted by six Spanish Autonomous Communities, with Cataluña being the first in 2000. Since then, much controversy has surrounded the legal basis of this tax, including doubts about its constitutionality. In recent years, doubts have come from community law, in particular, about the possible infringement of the right to freedom of establishment and the State aid scheme. In this paper, an analysis of this environmental tax is made, confronting it with the European Union law and examining the judgments of the Court of Justice of the European Union of April 26, 2018. This judgments, in general, have validated the tax.
