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Susana Galera Rodrigo 
El régimen europeo de comercio de derechos de emisión –RDCE- es uno de los instrumentos más significativos para conseguir los objetivos de reducción de emisiones que vinculan a la UE en virtud de sus compromisos internacionales. El correspondiente régimen jurídico quedó establecido con la Directiva 2003/87 que distinguió sucesivos períodos de emisión y, para cada uno de ellos, distintos objetivos de reducción y diferentes vías y metodologías para la asignación de derechos de emisión a las instalaciones sujetas. La entrada en el Tercer Período de asignación -2013-2020- supuso un punto de inflexión por las modificaciones que la Directiva 2009/29 introdujo en el texto inicial de 2003. Se atiende aquí al (entonces) nuevo procedimiento para la asignación gratuita de derechos que se tramita con la intervención sucesiva de autoridades nacionales y europeas. Se trata de un procedimiento transnacional, que fue cuestionado casi simultáneamente en al menos una decena de Estados miembros, provocando que emergieran los criterios nucleares del Derecho Público Europeo en los pleitos que acabaron en el Tribunal de Justicia de la UE. De esta forma, la conformación del ordenamiento climático europeo está contribuyendo a la madurez de un Derecho Público Europeo con caracteres que lo singularizan respecto del Derecho de la UE y de los ordenamientos nacionales
The European Emissions Trading Scheme (EU ETS) is one of the most significant in-struments to achieve the emissions reduction targets binding the EU under its interna-tional commitments. The Directive 2003/87 established the legal framework for green-house gas emission allowance trading within the Community: it was updated for the successive phases which stated different reduction objectives and different ways and methodologies for emission allowances. The Third Allocation Phase -2013-2020- was a turning point due to the modifications that Directive 2009/29 introduced in the initial text of 2003, the free allocation of emission allowances among the most important. Here we deal with such transnational procedure which runs on the basis of successive participation of national and European authorities. This procedure was challenged be-fore the courts almost simultaneously in many Member States, finally reaching the Eu-ropean courts. During the adjudication procedures, the pre-eminent features of the Eu-ropean Public Law have emerged, contributing to the maturity of the European Public Law.
