El 30 de octubre de 2016, Canadá, por un lado, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otro, firmaron un acuerdo de libre comercio: el Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). Este Acuerdo incluye una sección que tiene por objeto instaurar un mecanismo de solución de diferencias entre inversores y Estados en relación con la interpretación y la aplicación del Acuerdo (Investor State Dispute Settlement System, ISDS). En este contexto se prevé la creación de un Tribunal y de un Tribunal de Apelación y, a más largo plazo, de un tribunal multilateral en materia de inversiones. Así, se prevé el establecimiento de un sistema de tribunales de inversiones (Investment Court System, ICS). El 7 de septiembre de 2017, Bélgica solicitó un dictamen al Tribunal de Justicia en relación con la compatibilidad del mecanismo de solución de diferencias (ISDS) con el Derecho de la Unión. En esencia, Bélgica expresa sus dudas acerca de los efectos de este mecanismo sobre la competencia exclusiva del Tribunal de Justicia para la interpretación definitiva del Derecho de la Unión, el principio general de igualdad de trato y la exigencia de efectividad del Derecho de la Unión, y el derecho a un juez independiente e imparcial.