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Este trabajo parte de la evidencia de la impunidad de los crímenes de la dictadura franquista por obra, esencialmente, de un aparato judicial que ha bloqueado el acceso de las víctimas y de sus descendientes a la justicia. Se concentra en la responsabilidad que pueda recaer en el Tribunal Constitucional como instancia de amparo de derechos. Su papel ha sido clave para recluir el asunto de la criminalidad franquista en la historia para extraerlo del derecho. Confrontado con Comunidades Autónomas que emprenden con decisión la vía contraria, como sea el caso de Navarra, la cobertura de la impunidad está llevando al Tribunal Constitucional a extremos de degradación de sus procedimientos con riesgo de deslegitimación de su jurisprudencia.
This paper’s starting point is the evidence of impunity for the crimes of the Francoist dictatorship, essentially due to a judicial regime that has blocked the access of victims and their descendants to justice. It focuses on the responsibility that may fall on the Constitutional Court in its capacity as protector of rights, since it aims at confining the question of Francoist criminality in the field of history to extract it out of the realm of law. Some regional governments, such as Navarre, resolutely take the opposite path, against which the coverage of impunity by the Constitutional Court leads to extremes of degradation of its proceedings bearing the risk of delegitimisation of its jurisprudence.
