Acceso usuarios
Riccardo Maraga
El marco jurídico del contrato de empleo de duración determinada ha estado sujeto, en el ordenamiento jurídico italiano, a un número considerable de intervenciones reguladoras destinadas, a veces, a una mayor flexibilidad y, a veces, a desalentar la utilización de este tipo de contrato. Después el marco jurídico de máxima liberalización del contrato de empleo de duración determinada, que entró en vigor en 2014, el "Decreto Dignidad", recientemente aprobado por el Gobierno y convertido en ley por el Parlamento, modificó una vez más el marco jurídico del contrato de empleo de duración determinada, retrasando el reloj a la disciplina legal de 2012. La intervención reguladora, de hecho, reintroduce la necesidad de indicar en el contrato la razón por la cual el término es necesario, allanando el camino para una nueva temporada de posibles litigios ante los Tribunales laborales. Además, se reducen la duración máxima del contrato y el número de posibles prórrogas. La intención de la reforma es, por supuesto, desalentar el uso del trabajo temporal a favor del contrato permanente y, por lo tanto, reducir la precariedad. Aunque el objetivo perseguido se puede compartir de manera abstracta, desde el punto de vista de la implementación concreta, el Decreto Dignidad corre el riesgo de desalentar nuevas contrataciones o favorecer un turn-over continuo de trabajadores, ya que permanece intacta la posibilidad de celebrar un contrato de duración determinada por un período de hasta doce meses sin indicación de las razones de la duración determinada.
The legal framework of the fixed-term employment contract has undergone, in the Italian legal system, a considerable number of regulatory interventions aimed, at times, to make this institute flexible and, in other cases, to discourage the use of this type of contract. After the discipline of maximum liberalization of the institute, came into force in 2014, the "Dignity Decree", recently adopted by the Government and converted into law by Parliament, has intervened further on the matter. The regulatory intervention, in fact, reintroduces the need to indicate in the contract the reason why the term is necessary, paving the way for a new season of possible litigation before the labor magistrate. Furthermore, the maximum duration of the forward relationship and the number of possible extensions are reduced. The intent of the provision is, of course, to discourage the use of temporary work in favor of the permanent contract and, therefore, to reduce job insecurity. Although the aim pursued is abstractly shareable, from the point of view of concrete implementation, the Decree risks discouraging new assumptions or favoring a continuous turn-over within companies, since the possibility to sign a fixed-term contact (with a maximum duration of twelve months) without indication of the reason of the term.
