El artículo hace un examen de determinados aspectos procedimentales de la acción de responsabilidad patrimonial en un supuesto concreto que es el que se produce cuanto esa responsabilidad surge o se reclama como consecuencia de la anulación previa de un acto o disposición administrativa. Actualmente el instituto de la responsabilidad patrimonial, está regulado en dos textos legales, la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas —LPACAP— y Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del sector Público —LRJSP—, ambas de 1 de octubre.