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La clave en el procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial de la administración pública es la existencia de una relación de causalidad entre el funcionamiento de un servicio público y el daño o lesión, correspondiendo en exclusiva al reclamante la carga de la prueba. Relación que puede verse alterada por diversos factores, dos de los cuales pueden ser causa de ruptura de la relación y por tanto de exoneración a la administración: fuerza mayor y participación de la víctima en la con-causación del daño, siempre que su intervención se considere relevante, determinante. En este caso la prueba recae en la Administración que ha de probar la concurrencia de un acontecimiento de fuerza mayor, imprevisible y/o inevitable, o la decisiva participación de la víctima quien con su actitud o comportamiento puede incidir en la auto-producción del hecho lesivo
