La "compulsa" de facturas en papel para justificar subvenciones plantea muchas dudas desde la perspectiva de la gestión documental electrónica y, en particular, en relación con el ejercicio de la fe pública administrativa. La regulación contenida en el Reglamento de la Ley General de Subvenciones podría contravenir lo dispuesto en la LPAC y, además, quedar afectada por su Disposición derogatoria