La normativa en materia de contratación pública de la época del Gobierno de Mariano Rajoy se está mostrando como un impedimento para la Administración contrate. Esta norma puede terminar jugando en contra ya no solo de un mejor control de la corrupción, o del mantenimiento de un adecuado nivel de competencia que permita a los operadores económicos participar en igualdad de condiciones, sino da lugar a que las Administraciones puedan hacer posible aquello que las legitima: servir con eficiencia y eficacia a los intereses generales.