La transparencia es clave en las políticas públicas en aras de evitar la corrupción y legitimar las mismas, dando acceso a la ciudadanía y colectivos en su elaboración y orientación. El Parlamento Europeo se sensibilizó con ello, teniendo especial transcendencia en la contratación pública, aprobando en el año 2012 una resolución al respecto. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, llevó a cabo la transposición de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, estableciendo unos principios informadores en la política de contratación pública para garantizar así la transparencia e información pública.