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Inmaculada Marín Alonso 
Este trabajo muestra cómo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aplica de manera transversal la normativa comunitaria sobre discriminación entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación en relación con la tutela preventiva de las trabajadoras en situación de lactancia natural y con la prestación de seguridad social que cubre dicha contingencia. El Tribunal europeo ha ocasionado un significativo cambio en la doctrina judicial española al considerar que la incorrecta evaluación de riesgos de puestos desempeñados por trabajadoras en situación de lactancia natural es una discriminación directa por razón de sexo. Tal entendimiento conlleva la inversión de la carga de la prueba tanto en el derecho europeo como en el interno, reforzando las garantías procesales de la trabajadora en situación de lactancia. Basta que ésta aporte indicios razonables de riesgos para su seguridad y salud y/o su hijo para que el empleador asuma la carga de demostrar la ausencia del riesgo alegado y la carencia de móvil discriminatorio. Se suaviza o elimina con ello la exigencia de los tribunales internos de acreditar la existencia de un riesgo específico para la lactante y/o su hijo, aplicándose la nueva doctrina tanto a la evaluación del riesgo en el puesto de trabajo desempeñado por la lactante como a las diferentes medidas adoptadas por el empleador para evitar el mismo
This paper shows how the Court of Justice of the European Union applies Community legislation on discrimination between men and women in employment and occupation in a cross-cutting manner in relation to the preventive guardianship of breastfeeding workers and also to the social security benefit which covers this contingency. The European Court has caused a significant change in Spanish judicial doctrine by considering that the incorrect risk assessment of positions held by breastfeeding workers is discrimination on the basis of sex. Such an understanding implies a reversal of the burden of proof in both European and domestic law, thereby reinforcing the procedural guarantees of the worker. It is sufficient for the latter to provide prima facie evidence of risks to her safety and health and/or her child for the employer to assume the burden of proving otherwise and the absence of discriminatory motive. The requirement of the domestic courts to accredit the existence of a specific risk for the breastfeeding worker and/or her child is thus softened or eliminated, applying the new doctrine both to the evaluation of the risk in the job performed by the breastfeeding worker and in the different measures adopted by the employer to avoid it
