La existencia del cambio climático, más allá de la fundamentación científica, entre sus consecuencias provoca la necesidad de adaptación de sistemas jurídicos particulares, como ocurre con los que rigen los espacios polares. Las diferencias entre el Ártico y la Antártida no sólo han provocado efectos físicos diferentes, sino que también han producido desarrollos jurídicos disímiles. El reciente dictado del Código Polar permite la formulación de nuevas discusiones en el ámbito particular de los espacios polares.