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La reciente subida del SMI para 2019 en más de un 22% ha puesto de manifiesto que uno de sus efectos no previstos o calibrados ha sido la dificultad para materializar los embargos sobre sueldos, salarios, pensiones y otras prestaciones análogas dado que el sistema actual que arbitra el artículo 607 LEC parte precisamente del SMI para el cálculo del importe susceptible de traba. Si se pide a los órganos judiciales que sean eficaces y logren la completa satisfacción del acreedor ejecutante en un plazo razonable no es lógico que se limite y constriña legalmente su actuación más allá de lo razonable, sobre todo cuando existen otras alternativas que podrían resultar más eficaces e igual de justas y equitativas, como por ejemplo sería dejar a criterio del Tribunal el importe a trabar en la parte que exceda del SMI atendiendo a las cargas personales y familiares del ejecutado que resulten suficientemente acreditadas.
