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Con la declaración del estado de emergencia, Trump abre una crisis constitucional de primer orden, atacando la separación de poderes.
El presidente Donald Trump continúa con rara tenacidad su obsesión de erigir un “grande y hermoso muro” en la frontera con México. Parecería un capricho narcisista de quien no puede aceptar oposición alguna a sus deseos, pero su promesa electoral, ruidosamente pregonada y más ruidosamente aplaudida en sus mítines caló entre sus partidarios. Tiene razón Trump: el problema de la inmigración es lo que enardece a sus electores y lo que le propulsó a la presidencia. Cada vez que, cediendo a la realidad, se inclina por un compromiso para conseguir la aprobación del Congreso, sus cómplices de la cadena Fox de noticias le advierten de la furiosa frustración que causa a su electorado.
Así, se negó en enero a aceptar un compromiso inicial con la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y trató de doblegar su oposición con el irresponsable cierre de 35 días del gobierno federal, que ha causado enormes pérdidas y sufrimientos, amén de una opinión pública nacional que lo culpa de semejante desmedida. Perdió la partida de manera flagrante cuando la presidenta demócrata de la Cámara, Nancy Pelosi, le obligó a retrasar el tradicional discurso sobre el estado de la Unión, que tanto deseaba el presidente para acalorar a sus partidarios, hasta que terminara el shutdown. Ahora ha estado a punto de iniciar un nuevo cierre al no querer firmar el compromiso que han vuelto a negociar demócratas y republicanos, casi idéntico al que se negó a firmar en enero, porque solo concedían 1.375 millones de dólares contra los 5.700 millones que solicitaba y porque excluye su empleo para un muro, autorizando solo 55 millas de una verja que continúe la existente.
La Casa Blanca ha trabajado laboriosamente por rebañar dineros de los diversos presupuestos de la administración. Al no poder reunir la suma que el presidente pretende, no ha tenido más remedio que recurrir a declarar un “estado de emergencia nacional” que permita al presidente disponer con toda libertad de los fondos nacionales. Solo cuando el jefe de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, le prometió el apoyo de su partido a esa inusitada declaración, aceptó el presidente firmar la tan indeseada ley que permitirá a la administración continuar funcionando hasta el 30 de septiembre.
Trump ha defendido, con el acostumbrado caudal de falsedades que le caracteriza, la necesidad de la declaración de un estado de emergencia: las drogas, crímenes y mafias que aporta la “invasión”. Los demócratas han cometido el tremendo error de exigir en la negociación del compromiso una reducción de la deportación de inmigrantes ilegales…
