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Guntram B. Wolff
Una ruptura sin pacto afectaría a los derechos ciudadanos, al presupuesto comunitario y al comercio, y sería muy dañina para Irlanda.
El 29 de marzo de 2017, Reino Unido remitió la notificación de su intención de abandonar la Unión Europea de acuerdo con el artículo 50 del Tratado de la Unión. En consecuencia, el 30 de marzo de 2019 adquirirá la condición de tercer país y dejará de ser miembro de la UE. Veo cuatro escenarios posibles.
En el primero, Reino Unido abandona la Unión sobre la base de un acuerdo de salida negociado. Este escenario no se tratará en mayor detalle en el presente artículo. En el segundo, que constituye el núcleo de este trabajo, Reino Unido abandona la UE sin pacto. En el tercer escenario, Reino Unido solicita una ampliación del plazo de dos años establecido en el artículo 50, de manera que seguiría siendo miembro de la Unión hasta el final de la prórroga. Dicha ampliación requiere el consentimiento de la UE. Además, si excede algunos meses, Reino Unido tendrá que participar en las elecciones de 2019 al Parlamento Europeo.
Por último, Reino Unido podría decidir revocar unilateralmente la notificación inscrita en el marco del artículo 50. El Tribunal de Justicia de la UE ha confirmado que es posible hacerlo sin pedir el consentimiento a la Unión. Esto significaría que Reino Unido seguiría siendo miembro de pleno derecho de la UE en las condiciones actuales.
En el momento de redactar este texto es imposible establecer cuál de estos cuatro escenarios es el más probable, pero es importante subrayar que la actual situación política de Reino Unido es muy inestable. En consecuencia, concedo una probabilidad significativa a todos ellos.
Dado que un Brexit sin acuerdo es bastante probable, es importante evaluar cuidadosamente sus consecuencias y establecer un plan. Este artículo repasa la comunicación de la Comisión Europea al respecto y ofrece una valoración de los principales motivos de preocupación, en caso de que no haya acuerdo.
No analizo aquí los problemas a los que podría enfrentarse Reino Unido si se produce una salida no acordada. No obstante, me gustaría subrayar que su impacto sobre la economía, expresado en porcentaje de los respectivos PIB, sería mayor para Reino Unido que para la UE. Aun así, este diagnóstico económico no se debería confundir con un juicio político, según el cual Reino Unido tendría más interés en llegar a un acuerdo que el declarado en el momento de redactar estas líneas. El acuerdo posee múltiples dimensiones y tiene numerosas repercusiones en lo que a soberanía se refiere, que los políticos británicos podrían decidir rechazar. En consecuencia, no basta con una valoración económica para juzgar la probabilidad de que el Parlamento británico vote a favor del acuerdo de salida.
