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María Julià Barceló
Uno de los aspectos distintivos de la actual Unión Europea —más allá de su concepción como organización económica— es la protección y promoción de los derechos humanos en su actuación exterior. En aplicación del mandato establecido en el TUE, en sus relaciones con el resto del mundo, la Unión contribuye a la protección de los derechos humanos, así como al respeto y desarrollo del derecho internacional a través de la ejecución de políticas comunes. El Marco estratégico sobre derechos humanos y democracia establece los principios que prevén la integración de los derechos humanos en todas las políticas de la Unión. La política comercial común es uno de los ejes de esta actuación, en particular a través de dos instrumentos: la cláusula de derechos humanos y democracia—incorporada en los acuerdos comerciales— y el Sistema de Preferencias Generalizadas —otorgado a los países en vías de desarrollo—. La base de estos instrumentos es la condicionalidad, mayoritariamente positiva, destinada a ganar la confianza de los países terceros e incorporarlos al comercio para mejorar sus economías. Aún así, estos instrumentos adolecen de ciertos problemas técnicos-jurídicos y políticos, que pueden dificultar una actuación transparente y sin arbitrariedades de la Unión respecto a la protección de los derechos humanos.
One of the distinctive aspects of the current EU —beyond its conception as an economic organization— is the protection and promotion of human rights in its external action. In application of the mandate established in the TEU, in its relations with the rest of the world, the Union contributes to the protection of human rights, as well as the respect and development of international law through the execution of common policies. The Strategic Framework on Human Rights and Democracy establishes the principles that provide for the integration of human rights in all policies of the Union. The common commercial policy is one of the axes of this action, in particular through two instruments: the clause on human rights and democracy —incorporated in trade agreements— and the Generalised system of preferences —granted to developing countries—. The basis of these instruments is conditionality, majoritarian positive, aimed at gaining the confidence of third countries and incorporating them into trade to improve their economies. Even so, these instruments suffer from certain technical-legal and political problems, which may hinder the transparent and non-arbitrary action of the Union with respect to the protection of human rights.
