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El sector industrial es uno de los principales motores de nuestra economía y un vector clave para el avance en materia de desarrollo sostenible y economía circular. De hecho, aporta el 14,4 por ciento del VAB, un 3,7 por ciento más si tenemos en cuenta el sector energético y el 14,1 por ciento del número de empleados en España.
Nuestra sociedad está cada vez más concienciada de que debemos evolucionar hacia un modelo socioeconómico en el que la sostenibilidad sea el factor decisivo en todas las áreas.
De ahí que el cambio hacia un modelo de economía circular y un modelo energético sostenible requiera un esfuerzo de transformación por parte del sector industrial que contribuya a mantener y potenciar su competitividad. Para ello deben acometerse diversas actuaciones que afectan a la competitividad de la industria, entre las que se incluyen medidas de apoyo y, muy especialmente, a las empresas electrointensivas, al tiempo de aprobarse determinadas disposiciones en materia de seguridad industrial.
En este marco y en lo atinente indirectamente a la materia que nos ocupa, se debe destacar que a través de la presente norma se amplía el período de vigencia de la disposición transitoria cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Su finalidad es impulsar la competitividad de la industria y facilitar nuevas inversiones orientadas en gran medida a realizar la necesaria transformación de la industria durante la transición ecológica, ofreciendo productos sostenibles y nuevas soluciones para una sociedad descarbonizada, mejorando sus procesos para un mayor aprovechamiento de las materias primas y la energía, y reduciendo las emisiones contaminantes.
Por otra parte, la contribución del sector industrial a la transición ecológica debe ser convenientemente monitorizada, de forma que las Administraciones Públicas y la sociedad en su conjunto, puedan tener la información al respecto.
En otro orden, las Administraciones Públicas deben asumir su responsabilidad en el control de la seguridad industrial y en la calidad y vigilancia del mercado que garantice la competencia leal entre los productores y, a la vez, suponga una mejora en la seguridad de los productos que pongan a disposición de los consumidores, incluyendo su impacto medioambiental.
