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Desde que el cambio climático está al frente de la agenda política internacional, venimos arrastrando dramáticos fracasos en la consecución de los objetivos de mitigación, debido a la falta de compromiso de los Estados. Mientras tanto, sus impactos se hacen cada vez más perceptibles, afectando en mayor medida a las poblaciones más vulnerables. Ante esta situación, en las últimas dos décadas, diferentes grupos de la sociedad civil y algunas autoridades públicas vienen abriendo caminos alternativos a las obstruidas instituciones políticas. En este sentido, la litigación climática se está convirtiendo en una vía bastante efectiva para presionar a los Estados e incidir en sus políticas climáticas. Precisamente porque surgen del fracaso de la política frente a los enormes retos de nuestros tiempos, los litigios climáticos colisionan a menudo con el principio de separación de poderes, pilar fundamental del Estado liberal. En este artículo abordamos esta problemática a través del análisis crítico de varios pronunciamientos judiciales de Estados Unidos. Retratamos y valoramos cómo los tribunales de este país han venido delineando el equilibrio entre los distintos poderes del Estado en el proceso de gobernanza del cambio climático y, especialmente, entre los poderes políticos y el poder judicial.
