El actual sistema jurisdiccional es ineficaz para proteger el derecho de acceso a la información pública y exigir la transparencia de las instituciones públicas. Cuando se produzca una falta de contestación, una denegación del derecho a la información pública o el incumplimiento de una obligación de publicidad activa no es recomendable, ni útil, instar el correspondiente recurso contencioso-administrativo.