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Gemma Angélica Sánchez Lerma
Las Estrategias de Desarrollo sostenible (DS) contemplan los aspectos económicos, los sociales y medioambientales como los tres pilares necesariosde toda actuación pública y deben implementarseen nuestro Ordenamiento en forma transversal. Esto es precisamente lo que ha ocurrido en el caso de la nueva regulación sobre contratación pública,en la que se han visto fortalecidos todos los aspectossociales y medioambientales, de forma que se ha incrementado su utilidad como un instrumento o técnicade fomento al servicio de objetivos de DS. En materia de toma de decisiones sobre la forma de gestión de los servicios públicos, nuestra propuesta es superar el tradicional criterio único de rentabilidad económica utilizado para justificar externalizaciones y posteriormente para motivar la bondad de las remunicipalizaciones. En clave de DS la eficiencia y la eficacia se mide con arreglo a indicadores cuantitativos económicos, pero también cualitativos -singularmente los que afectan a los objetivos sociales y medioambientales-.
Este cambio de paradigma añade valor a la utilización de la contratación pública omo forma de gestión de los servicios públicos, por ser una opción que permite incrementar la eficiencia eficacia y sostenibilidad en la obtención de los mencionados objetivos y obliga a un replanteamiento de los criterios aplicables en las remunicipalizaciones, debiendo de añadir a los criterios basados en los costes económicos la valoración de las inferencias sociales y medioambientales derivadas de la decisión de internalización.
Sustainable development (SD) strategies consider economic, social and environmental principies as the three main pillars of every single public policy and must be transversally implemented in our legal system. Fortunately, the new regulation on public contracting has considered such social and environmental values, thus increasing its usefulness as a tool for enforcement of SD. We herein make proposals to overcome the traditional monolithic thinking on economic cost effectiveness commonly used to justify outsourcing contracting and the goodness of remunicipalizations. When SD is considered, efficiency and efficacy is not only measured merely taking into account quantitative economic principies, but also quantitative values for those interventions affecting social and environmental objectives. This paradigm shift adds singular value to the use of public contracting as a way to manage public services. In addition, it increases efficiency, efficacy and sustainability to better achieve such objectives and impels a new way of thinking when criteria for remunicipalizations must be considero As a whole, it implies adding social and environmental implications to the simple economic criteria traditionally considered for insourcing decisions.
