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Con carácter general, el legislador español goza de amplia libertad para diseñar el régimen de recursos en las distintas leyes procesales, salvo en el proceso penal. Sin embargo, incluso en el primer ámbito la libertad del legislador no es absoluta, según se desprende de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en torno al principio de proporcionalidad, la cual contrasta con la concepción más restrictiva del Tribunal Constitucional, que debería evolucionar para cohonestarse con la jurisprudencia del referido tribunal supranacional.
