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Se pretende reflexionar sobre las aportaciones de las diferentes normas que, en el ámbito europeo, estatal o autonómico, han consolidado el derecho de las víctimas de determinados delitos a recibir el apoyo y la solidaridad colectiva mediante el resarcimiento por el Estado, fundamentalmente de los perjuicios materiales y físicos. La conveniencia de que el Estado asuma esta reparación siempre que el obligado no lo haga y, por último, poner de manifiesto la necesidad de fórmulas eficaces de retorno para el Estado de lo anticipado en esta materia y poner en valor los derechos de las víctimas en la fase de ejecución, como elemento que objetiva la capacidad y voluntad de penado para vivir en el futuro una vida sin delitos.
